A las puertas de otra confiscación masiva
19 de octubre de 2022, 09:21 - Por Mariano Fernandez y Adolfo Paz Quesada
Creer que la inflación resultante de dichas políticas se quiera controlar en forma definitiva no es más que una quimera, pues solo se intenta morigerar sus efectos con medidas temporarias que solo den respiro parcial al ya esquilmado sector privado.
Los mecanismos para navegar al borde de las recurrentes crisis son reiterados y poco creativos, aun así, la clase política sigue logrando vivir a expensas de quien produce y ha sabido mantener al sistema político bajo control.
Hoy como en el pasado cercano, con Alfonsín, Macri o Fernández de Kirchner se utiliza a la política monetaria como una alfombra donde se esconden los más profundos desequilibrios.
El por todos conocido “déficit cuasifiscal” consiste en absorber parte del circulante emitido vía remuneración de pasivos monetarios, ya sea con letras de liquidez, notas de liquidez u otros instrumentos monetarios.
Por otro lado, y generando distorsiones en los precios relativos, nos enfrentamos a un cóctel de regulación de precios, prohibiciones para exportar, desacople de precios internos de alimentos y energía, en base a retenciones, subsidios y tipos de cambio diferenciados entre otras cosas, que permiten sostener un sistema de caciquismo económico donde los ganadores son siempre los mismos empresarios más allá del signo político gobernante.
Si bien, todas estas medidas son incompatibles con nuestro andamiaje legal son toleradas e incluso, muchas veces generadas y estimuladas, por nuestras propias instituciones, ONGs y empresariado, parte del cual hasta presumiblemente las promueve en el “off the record”.
Focalizándonos en la política monetaria podemos analizar el primer método que utilizan los gobiernos, de diferente color político, para intentar paliar los efectos de la desaforada emisión monetaria: esto es la absorción de los pesos resultante vía deuda del BCRA por instrumentos remunerados (pases, leliqs, etc.), caracterizados por no generar utilidades genuinas al sistema bancario dada la incapacidad del BCRA de cancelarlas con beneficios reales, situación que la ha llevado a su actual estado de virtual quiebra a la Institución.
Así, los desequilibrios monetarios, lejos de contenerse, se han agravado de manera sustantiva. Hacia los últimos días de septiembre la suma total de pasivos monetarios (leliqs más pases) duplicó a la base monetaria, llegando a la exorbitante cifra de 8,4 billones de pesos. Es importante recordar que, durante el gobierno anterior, la crisis sobre las lebacs se produjo con pasivos monetarios superando poco más del 45% de la base monetaria.
El crecimiento astronómico de dichos pasivos podría significar, en un futuro cercano, y sobre todo teniendo en cuenta las elevadísimas tasas de interés convalidadas del 107,5% anual, un grave problema bancario y el colapso del valor de los depósitos a plazo. Pocos lo declaman, pero estamos bajo una tormenta que podría desatarse en cualquier momento, siendo muy vulnerables a cualquier tipo de shock interno o externo, implicando una nueva confiscación del valor de los activos del sector privado. El mecanismo de suba de tasa de interés tiene un límite y dicho límite no es más que la golpeada confianza de los ahorristas en la solvencia del sistema financiero y en la posibilidad de acciones no esperadas de la autoridad monetaria (Lahiri & Vegh, Delaying the inevitable: Interest Rate Defense and the BoP Crises, Journal of Political Economy V,111 N2, abril 2003)
Si bien en el corto plazo, el desdoblamiento cambiario de carácter temporal logró contener a los tipos de cambio financieros parando la corrida, ha profundizado los desajustes monetarios. Queda claro que una medida de este tenor solo no podría repetirse permanentemente sin una solución a dicho desequilibrio.
Al respecto basta recordar que en el año 1990, en una situación similar, se ideo un mecanismo para “limpiar” tanto el activo de los bancos (bonos en cartera comprados con los fondos de los ahorristas) como su pasivo (depósitos de sus clientes), mediante la conversión de estos últimos en bonos de largo plazo, lo cual fue el llamado “Plan Bonex” del Ministro Antonio Erman González. Un plan de esta índole no es otra cosa que una confiscación masiva de ahorros, pues esos nuevos títulos en reemplazo de los depósitos bancarios cotizaran inicialmente en el mercado solo una fracción de su valor nominal, gatillandose así un salto abrupto de la pobreza.
Frente a tamaña confiscación cabe preguntarse al lector, ¿Cuál fue la reacción institucional en ese entonces? Pues como siempre la Corte, mediante el famoso fallo Peralta, del mes de diciembre del mismo año, consideró que la medida (Plan Bonex 1990) fue constitucional. Sostuvo: “En momentos de perturbación social y económica y ante la urgencia en atender a la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de sosiego y normalidad”, por lo que claramente cobijó la teoría del “estado de necesidad”, avalando así medidas de excepción, que podrían poner en peligro el normal funcionamiento del país y de sus autoridades.
Ahora bien, sabemos que lo enunciado en ese fallo ello no es más que una gran falsedad, al realizar la Corte solo un control de carácter estrictamente formal, pues lo vivido en aquel memento no se trató de una situación de emergencia, pues ellas son casos críticos, situaciones anormales, singulares, originales y sobre todo imprevisibles, tal como lo son los terremotos, maremotos, sequías, guerras repentinas, etc., más no una crisis económica extrictamente local que hasta un simple taxista o portero bien informado podía esperar, tal como sucede en la actualidad. Por ello la sentencia desvirtuó la naturaleza de los institutos de emergencia, que por sus características deben tener un uso extremadamente limitado, es decir lo contrario al uso que se le ha dado en el país. Veremos a continuación la importancia que reviste este nefasto antecedente.
Otra manera de licuar semejante deuda, generada por la remuneración de pasivos monetarios, es una devaluación de la moneda de proporciones homéricas, cuyos nefastos efectos son bien conocidos y, por lo tant, no vale la pena explayarse. De más está decir que ningún funcionario fue procesado por incumplimiento en el ejercicio de sus deberes por permitir la licuación del poder adquisitivo, ni tal proceder de la administración fue declarado inconstitucional (por ejemplo, el cepo solo recibió fallo adverso en Cámara, caso Oulton Pino en 2013, para luego cajonearse en el Máximo Tribunal hasta 2016, momento en que se lo declaró abstracto. Su segunda versión ni siquiera es objeto de tratamiento en la Justicia).
Es de resaltar la importancia de tratar inmediatamente este tema y sus posibles soluciones en forma pública, en especial teniendo en cuenta las características de los remedios económicos y jurídicos creados en el pasado a fin de paliar situaciones de emergencias similares, dentro de las cuales podemos enunciar cuatro: 1) acrecientan el poder de gobierno de turno. 2) originan fuertes restricciones de libertades, derechos y garantías y 3) provocan confiscaciones que disparan los niveles de pobreza. 4) por último, incrementan la ya de por si alta desconfianza reinante, la cual impide al sistema financiero cumplir su función, ya que la población seguirá ahorrando en divisas, a fin de evitar la licuación de sus ahorros vía inflación o directamente su confiscación, y fuera de sistema financiero.
Recordemos que de nada sirve tener una constitución si su vigencia permanentemente se la suspende, avasallandose derechos y garantías, y más en casos de crisis! Como dijo José Manuel Estrada en la Convención Constituyente de 1870-73: “¿Y qué quiere decir, señor, una libertad que no puede salvarse sino derogándola de cuando en cuando? ¿Qué me importa tener leyes, Constitución y garantías para tiempos pacíficos y normales, si estas garantías se han de suspender en los casos de más peligro, es decir en los tiempos críticos?”.
La única manera de salir de este permanente bucle temporal de crisis recurrentes y “veranitos” cada vez más cortos es dar un giro de 180º, y dejar de ser “la oveja negra mundial”, respetar las normas a rajatabla como ningún otro país y convertirse en una de las naciones más serias del globo. Si ello sucediera, y sin lugar a dudas, llegaríamos a ser uno de los países con más crecimiento económico.
Mariano Fernández es Profesor Full Time UCEMA*
Adolfo Paz Quesada es Profesor UBA, y Socio del Estudio Titto, Paz y Asociados*
* Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la posición de la UCEMA y UBA.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/a-las-puertas-de-otra-confiscacion-masiva-nid19102022/